Dos funcionarios adscritos al grupo de Agentes de Medio Ambiente (AMA) de la Conselleria de Medio Ambiente y Territorio del Govern Balear, podrían haber cometido, según escrito presentado ante la Conselleria para la Editorial Alpina, infracciones graves o muy graves como autores de acciones como el incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitución y al Estatuto de Autonomía, la emisión de informes manifiestamente ilegales que causan perjuicio a la ciudadanía y la vulneración de los principios de igualdad, de seguridad jurídica y del derecho fundamental a la libertad de expresión , derechos fundamentales que especialmente los funcionarios deben salvaguardar.
Así lo afirma el escrito que la Editorial Alpina ha presentado y registrado ante la Consejería de Medio Ambiente hoy, en el que se pide la apertura de un expediente disciplinario a los funcionarios que redactaron el acta. Esta propuesta de sanción, por la elaboración de mapas de la Sierra de Tramuntana, ha levantado una enorme polvareda y el rechazo unánime de casi todos los colectivos vinculados a la naturaleza y la montaña, llegando incluso más allá del territorio nacional .
En este documento, se califica de ilegal la publicación de mapas con senderos dentro de las zonas de exclusión de la Sierra de Tramuntana y podría suponer un paso previo a una posible sanción. De confirmarse este extremo, la Editorial hoy presentaría un recurso, ya que atenta contra el derecho básico a la libertad de información consagrado en la Constitución. Con su presentación, la Editorial intenta restablecer su credibilidad y demostrar que el acta no tiene base legal. Destacan que no es un acto de venganza sino de justicia que pone el foco en los estamentos inferiores de la Conselleria que redactaron, preparar y tolerar esta presunta ilegalidad. La Editorial Alpina, denunciante del hecho, quiere evitar que este presunto abuso de poder, hecho sin advertencia previa, se pueda repetir en el futuro.
Editorial Alpina quiere restablecer el buen nombre del cuerpo de los Agentes de Medio Ambiente en su meritoria labor de protección del medio natural. La Editorial cierra así toda la polémica generada por esta acta y emplaza a los técnicos a alcanzar los acuerdos necesarios para seguir haciendo los mapas una herramienta imprescindible para todos.
El régimen disciplinario de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en su título VII, prevé para estos casos, según la denuncia presentada, la separación del servicio, el equivalente a un despido disciplinario en el régimen laboral no funcionarial , así como suspensiones de empleo y sueldo de hasta seis años, tanto en lo que han cometido la infracción como para todos aquellos que encubren las faltas consumadas muy graves o graves, cuando de dichos actos se derive un daño grave para la Administración o los ciudadanos. Como primera medida, el citado régimen disciplinario propone la suspensión temporal de los funcionarios investigados mientras se hace la instrucción del expediente que, con posterioridad, debe ser evaluado por el órgano sancionador.
Una gran polémica
La polémica despertada con el caso Alpina, que generó lo que ya se conoce como Revolución de los Mapas, Obligó al consejero de Medio Ambiente y Territorio, Miquel Mir a intervenir para disculparse y dar explicaciones a Marti Nadal, director de la editorial Alpina. Para dar respuesta a las peticiones, se acordó mantener reuniones entre la Federación Balear de Montaña y Escalada y la Dirección General de Biodiversidad y Espacios Natural, responsabilidad de Llorenç Mas, al máximo nivel para dar respuesta a las posiciones del sector que entiende que la Conselleria y un grupo de sus funcionarios no atienden sus propuestas, criminalizan y persiguen sus actividades y actúan como agentes de los intereses de grandes propietarios y entidades supuestamente conservacionistas que colaboran con estos.
La confianza con Lorenzo Mas está bajo mínimos por parte de los grupos afectados tras que, aunque mantuvo una conversación con Martí Navidad, en la que admitió que no había habido comunicaciones previas para intentar encontrar una solución amistosa, había afirmado el contrario a los medios públicos (prensa, televisión) unos días antes. Ayer mismo Lorenzo Mas reiteró en IB3 Radio que habían existido contactos informales (Facebook) y algún correo electrónico. No deja de sorprender esta dualidad entre el comentado en medios públicos y el afirmado en entornos privados.
Fuentes jurídicas, consultadas por este medio, destacan la calidad técnica del escrito de Alpina, indicando que la administración podría incurrir en supuestos ilegales en el caso de no dar curso e iniciar el procedimiento.
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